Decreto - Ley No. 177 sobre el Ordenamiento del Seguro y sus Entidades

Fidel Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: La legislación de seguros se caracteriza por su misión tutelar en favor de los asegurados,toda vez que el contrato de seguros supone el cambio de una prestación presente y cierta por otra posible y futura que, requiere de la intervención del Estado, para comprobar que las entidades aseguradoras mantengan una situación de solvencia que les permita cumplir su objeto social.

POR CUANTO: La introducción de nuevos esquemas y formas de producción en el país, acompañada de un reordenamiento de nuestras relaciones en la esfera económico-comercial a nivel mundial, está promoviendo el desarrollo acelerado de la actividad del seguro como instrumento financiero significativo e indispensable.

POR CUANTO: Es procedente estimular y facilitar el desarrollo del seguro y de las relaciones entre los elementos que integran esta actividad, haciendo que se corresponda con las transformaciones que se vienen produciendo en la economía nacional, al tiempo que se preserven los intereses del país, y se protejan al máximo los derechos de los asegurados y beneficiarios del seguro.

POR CUANTO: La escueta legislación vigente sobre seguros, al no alcanzar a regular adecuadamente las complejas relaciones que, en la materia, han introducido las referidas transformaciones, resulta insuficiente para la protección de los intereses económicos del país y sus ciudadanos en los mercados nacional e internacional.

POR CUANTO: Resulta necesario dictar normas que permitan el ordenamiento del mercado de seguros en general y establezcan el control de la actividad aseguradora, en particular a los fines de normalizar su ejercicio, incentivar la profesionalidad y competitividad de sus entidades, adecuarlas jurídica y estructuralmente y fomentar su desarrollo.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el inciso c) del artículo 90 de la Constitución de la República de Cuba, ha acordado el siguiente:

 

DECRETO-LEY No.177

SOBRE EL ORDENAMIENTO DEL SEGURO Y SUS ENTIDADES

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto formalizar el ordenamiento básico del seguro y regular su control, proteger los derechos de los asegurados, así como impulsar y encauzar el ejercicio de la actividad aseguradora nacional, fomentando su desarrollo.

Artículo 2. Las disposiciones de este Decreto-Ley son de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas que se relacionan y definen a continuación:

a) ENTIDAD DE SEGUROS, toda persona jurídica constituida conforme a las leyes de la República de Cuba, dedicada a la comercialización y ejecución de seguros y que, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto-Ley, cuente con patrimonio suficiente en el territorio nacional para responder por las obligaciones que asume.

b) SOCIEDAD MUTUA, Asociación de personas naturales o jurídicas constituida conforme a las leyes de la República de Cuba, que tiene por objeto la cobertura de los riesgos que individualmente le corresponden, fijando las cantidades con que cada una de ellas habrá de contribuir al resarcimiento de los daños y pérdidas colectivas; no siendo la operación de seguros objeto de industria o lucro.

c) CORREDOR DE SEGUROS, toda persona natural o jurídica que expresamente autorizada y sin que medie contrato de mandato (agencia) con ENTIDAD DE SEGUROS alguna, se dedique de forma habitual y permanente a servir de mediadora entre éstas y los posibles tomadores, ofreciendo asesoramiento profesional imparcial a quienes demandan la cobertura de los riesgos a que se encuentran expuestos sus personas, patrimonio, intereses o responsabilidades, conservando una cartera de seguros reconocida.

d) AGENTE DE SEGUROS, toda persona natural o jurídica que expresamente autorizada y vinculada a una ENTIDAD DE SEGUROS mediante un contrato de mandato oneroso (agencia), se dedique de forma habitual y permanente a servir de mediadora entre ésta y los posibles tomadores, conservando una cartera de seguros reconocida.

e) ENTIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SEGURO, toda persona jurídica expresamente autorizada, conforme a las leyes de la República de Cuba, para prestar de forma habitual y permanente servicios de: INSPECCION, TASACION Y AJUSTE DE AVERIAS, CALCULOS ACTUARIALES, EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS.

Artículo 3. Quedan sujetas a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley y sus normas complementarias, siempre que se concerten o hayan de cumplirse en la República de Cuba: a) Las operaciones de seguros y reaseguros.

b) Las operaciones de capitalización de base actuarial, consistentes en obligaciones contraídas en cuanto a término y cuantía, a cambio de desembolsos únicos o periódicos previamente acordados.

c) Las operaciones de afianzamiento comprendidas en la técnica del seguro.

d) Las actividades preparatorias y complementarias al seguro, dirigidas a la evaluación de riesgos y a la prevención de daños.

e) Las actividades de mediación en los contratos de seguro, reaseguro y capitalización.

f) Los siguientes servicios auxiliares del seguro: Inspección, tasación y ajuste de averías, cálculos actuariales y evaluación y prevención de riesgos.

Artículo 4. Las ENTIDADES DE SEGUROS y las SOCIEDADES MUTUAS no están autorizadas para realizar operaciones que no estén basadas en el cálculo actuarial, ni concertar contratos de cuentas en participación; no podrán efectuar actos comerciales ajenos a su giro, ni tampoco explotar directamente empresas industriales, comerciales, financieras o de cualquier otra índole a excepción de la realización de operaciones de recobro, la renovación de activos y las que se deriven de las inversiones de su capital, fondos y reservas, conforme a lo establecido en el presente Decreto-Ley y en sus normas complementarias.

Artículo 5. A los efectos de este Decreto-Ley, se entenderá por:

a) Bases técnicas. Los cálculos actuariales que, para cada ramo o modalidad de seguro, dan origen a la determinación de las primas y recargos que va a aplicar una entidad aseguradora.

b) Cartera. Conjunto de pólizas de seguros que constituyen el caudal de coberturas asumidas por una entidad aseguradora.

c) Mutua de Seguros a Prima Fija. Sociedad que tiene por objeto la cobertura a sus socios, personas naturales y jurídicas, de los riesgos asegurados mediante una prima fija pagadera al comienzo del período de riesgo y no es objeto de industria o lucro para la entidad dicha operación.

d) Mutua de Seguros a Prima Variable. Sociedad de personas naturales o jurídicas fundada sobre el principio de ayuda mutua recíproca, que tiene por objeto la cobertura por cuenta común de los riesgos asegurados a sus socios mediante el cobro de derramas con posterioridad a los siniestros y la responsabilidad de ella es mancomunada, proporcional al importe de los respectivos capitales asegurados en la propia entidad y limitada a dicho importe, y esta operación de seguro no constituye objeto de industria o lucro para la entidad.

e) Fondo de Garantía. Suma de valores no comprometidos que, como respaldo para el ejercicio de cada período económico, la entidad aseguradora debe constituir con una parte del margen de solvencia en función de los ramos de seguros que opera la entidad. Los elementos patrimoniales que lo constituyen son aquéllos que, teniendo también aptitud para cubrir el margen de solvencia, gozan de un mayor grado de libre disponibilidad.

f) Margen de solvencia. Conjunto de recursos constituidos con el patrimonio propio no comprometido que, como mínimo, deben tener las entidades aseguradoras para garantizar económicamente, al máximo, los compromisos con sus asegurados.

Se trata de patrimonio libre, no sujeto ni vinculado a obligación alguna, que se calcula en función de los volúmenes de negocio y de siniestros, en los ramos distintos al de vida; y en función de las provisiones matemáticas en el ramo de vida.

g) Pleno. Cuantía de riesgos que el asegurador o reasegurador está en posibilidades económicas de asumir (retener).

h) Provisiones técnicas. Fondos que crean las entidades aseguradoras para cada ejercicio económico con una parte importante de las primas y que forma parte del pasivo de éstas, ya que entrañan obligaciones de carácter contractual.

i) Actividades Auxiliares. Las actividades que sirven de apoyo o de complemento a las principales a que se contrae este Decreto-Ley.

j) Cálculo Actuarial. Es la aplicación de los conocimientos matemáticos y financieros para fijar las bases de los seguros. Se apoya en el cálculo de probabilidades y en todas las teorías matemáticas y bases estadísticas y jurídicas que guardan relación con el seguro.

k) Barco. Todo tipo de embarcación o nave marítima o fluvial, cualquiera que fuese su medio de propulsión, y para todo tipo de uso en la actividad civil, ya sea comercial, industrial, de investigación, de recreo, u otras.

 

CAPITULO SEGUNDO
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Artículo 6. La actividad aseguradora en la República de Cuba podrá ejercitarse por sociedades anónimas, por sociedades mutuas y por empresas estatales.

Artículo 7. La gestión de las ENTIDADES DE SEGUROS estará enmarcada en las operaciones de seguro y reaseguro.

Las que se dediquen a los seguros de vida, no podrán extender su actividad a otra clase de operaciones, salvo las concertadas con carácter complementario.

Artículo 8. Las denominaciones relacionadas en el artículo 2) quedan establecidas para uso exclusivo de las entidades sujetas a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, por lo que formarán parte de su razón social.

Artículo 9. Las ENTIDADES DE SEGUROS y las SOCIEDADES MUTUAS, depositarán desde su constitución, como garantía de funcionamiento, una cantidad equivalente al diez (10) por ciento del capital social pagado o del fondo mutual, que deberá ser depositado en Banco, a la orden de la Superintendencia de Seguros. Las inversiones de este depósito se realizarán según las bases y requisitos establecidos en las normas complementarias al presente Decreto-Ley.

Artículo 10. 1.- Las ENTIDADES DE SEGUROS deberán tener un capital social suscrito, de acuerdo con los ramos de seguros que operen y la actividad de reaseguros, si le fuera autorizada, en una cuantía no inferior según lo siguiente:

Grupo I, dos millones de pesos; Grupo II, un millón doscientos mil pesos; Grupo III, un millón de pesos; Grupo IV, quinientos mil pesos; Grupo V, tres millones doscientos mil pesos.

El capital suscrito deberá estar pagado como mínimo en su cincuenta por ciento.

2 El Grupo I comprenderá los seguros de vida (personales); el Grupo II los seguros de bienes (daños); el Grupo III, los seguros de crédito, caución y responsabilidad civil; el Grupo IV, los seguros de prestación de servicios y el Grupo V, la actividad reaseguradora exclusivamente. La Superintendencia de Seguros determinará la clasificación de aquellos seguros sobre los que pueda surgir duda.

3 Las SOCIEDADES MUTUAS deberán contar con un fondo mutual permanente, conformado con el aporte de los socios y con los excedentes de los ejercicios sociales, en una cuantía no inferior a:

a) Un millón de pesos, en el caso de las SOCIEDADES MUTUAS a prima fija.

b) Cien mil pesos, en el caso de las SOCIEDADES MUTUAS a prima variable.

4 Cuando los aseguradores realicen sus operaciones de cobro de primas y pago de indemnizaciones en moneda libremente convertible, el capital social y el fondo mutual deberán estar constituidos en dicha moneda.

En los casos que operen simultáneamente con moneda nacional y con moneda convertible deberán constituirlos por separado en una y otra moneda respectivamente.

5 Las ENTIDADES DE SEGUROS y las SOCIEDADES MUTUAS cuya actividad abarque seguros comprendidos en dos o más grupos distintos del de vida, deberán tener el capital social pagado o fondo mutual correspondiente al grupo de mayor cuantía.

6 El capital social pagado y el fondo mutual, podrán ser invertidos en bienes y valores del tipo y en las proporciones establecidas en las normas complementarias de este Decreto-Ley.

Artículo 11. 1.- Los que bajo cualquier título ejerzan la dirección de las entidades relacionadas en el artículo 2, han de ser ciudadanos cubanos con domicilio y residencia permanente en la República de Cuba o ciudadanos extranjeros con residencia en la República de Cuba, al menos durante el término del ejercicio de sus funciones y nunca menos de ciento ochenta (180) días.

2 Se exceptúan aquellos casos cuyo tratamiento se corresponda con lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 31 de la Ley número 77, de 1995, “ Ley de la Inversión Extranjera”.

3 No podrán ejercer, la dirección de las entidades relacionadas en el artículo 2, en ninguno de sus niveles, los comprendidos en los siguientes casos: a) incapacidad, inhabilitación, interdicción o prohibición conforme a lo establecido en la legislación vigente; b) los que cumplan sanción administrativa de suspensión, durante el tiempo que ésta dure; c) los destituidos de sus funciones, durante los tres (3) años siguientes a la destitución.

4 No podrán ser administradores, delegados, directores, gerentes o bajo cualquier otro título ejercer la dirección de las entidades aseguradoras referidas en los incisos a) y b) del artículo 2, los agentes y corredores de seguros, los tasadores y ajustadores de averías, ni aquellas personas que estén directamente vinculadas con la actividad de regulación, fiscalización y control de seguros.

Artículo 12. 1.- Los Estatutos de las ENTIDADES DE SEGUROS se ajustarán a lo establecido en el presente Decreto-Ley y sus normas complementarias.

2 Las pólizas se ajustarán a lo dispuesto en el Código Civil o de Comercio según corresponda.

3 Las tarifas de primas y las bases técnicas a emplear por las ENTIDADES DE SEGUROS, aunque sin requerir de la aprobación previa de la Superintendencia de Seguros, deberán estar a disposición de ésta con no menos de treinta (30) días de anticipación a su utilización.

4 No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Superintendencia de Seguros prohibirá o suspenderá su utilización si existiere incongruencia o incumplimiento de lo establecido en el presente Decreto-Ley y sus normas complementarias, el Código Civil o el de Comercio.

Artículo 13. 1.- Las ENTIDADES DE SEGUROS tendrán la obligación de calcular y constituir, de la forma en que se disponga en las normas complementarias a este Decreto-Ley, las provisiones técnicas: pertenecientes a los grupos de: OBLIGACIONES POR PRIMAS y OBLIGACIONES POR SINIESTROS.

2 Las SOCIEDADES MUTUAS, deberán constituir un fondo de maniobra que les permita enfrentar el pago de los siniestros y gastos sin esperar al cobro de las derramas. El cálculo y constitución de este fondo se realizará según lo establecido en las normas complementarias a este Decreto-Ley.

3 Las provisiones técnicas y el fondo de maniobra deberán estar invertidos en los activos y en las proporciones que conforme a los principios de congruencia, seguridad, liquidez y rentabilidad, se establecen en las normas complementarias a este Decreto-Ley.

Artículo 14. Cuando exista déficit en el nivel de cobertura de las provisiones técnicas, la Superintendencia de Seguros requerirá a las ENTIDADES DE SEGUROS para que en un plazo de treinta (30) días restablezca su nivel. De no subsanarse el déficit en el plazo concedido, el citado órgano, mediante Resolución fundada, podrá aplicar, de oficio, la medida que se requiera para que se subsane el déficit con cualquier clase de activos que posea la ENTIDAD, sin perjuicio de las medidas de rehabilitación y saneamiento financiero que fuere necesario aplicar para eliminar el déficit.

La Superintendencia de Seguros, previa consulta al Ministro de Finanzas y Precios, podrá accionar directamente sin concesión de plazo alguno, si las circunstancias así lo requieren.

Artículo 15. 1.- Las ENTIDADES DE SEGURO y las SOCIEDADES MUTUAS deberán contar para cada ejercicio económico, como margen de solvencia, de un patrimonio propio no comprometido, en la cuantía y composición establecidas en las normas complementarias de este Decreto-Ley.

2 El fondo de garantía para las ENTIDADES DE SEGURO se constituye con el treinta por ciento (30%) de la cuantía mínima fijada para el margen de solvencia conforme al párrafo anterior, pero éste no podrá ser inferior a seiscientos mil, trescientos sesenta mil, cuatrocientos mil, doscientos cincuenta mil, y ochocientos mil pesos, para las entidades que operen, respectivamente, en los grupos del I al V relacionados en el apartado 2) del artículo 10.

Para las SOCIEDADES MUTUAS, el fondo de garantía se fija de acuerdo al régimen de derramas que adopten, pero nunca será inferior al veinticinco (25) por ciento de la cuantía mínima fijada para el margen de solvencia.

3 Las SOCIEDADES MUTUAS bajo el régimen de derrama pasiva, cuya recaudación de primas no alcance el nivel mínimo establecido en las normas complementarias a este Decreto-Ley, no constituirán fondo de garantía.

Artículo 16. Durante el período en que las provisiones técnicas se hallen por debajo del nivel exigido o el margen de solvencia no alcance el mínimo legalmente establecido, las ENTIDADES DE SEGUROS comprendidas, no podrán abrir nuevas sucursales o concertar nuevos contratos de mandato (agencia), ni ampliar sus actividades a otros ramos o modalidades de seguro.

Artículo 17. Los bienes y títulos valores representativos de las inversiones de las provisiones técnicas sólo podrán ser gravados, enajenados o transferidos con la previa autorización del Ministro de Finanzas y Precios, oído el criterio de la Superintendencia de Seguros.

Artículo 18. Las ENTIDADES DE SEGUROS podrán transferirse entre ellas, total o parcialmente, los contratos que integren sus carteras de uno o más ramos de los seguros que operen. Esta transacción solo podrá realizarse previa autorización de la Superintendencia de Seguros, lo cual se informará públicamente.

La cesión se hará constar en escritura pública que se inscribirá en los Registros de la Superintendencia de Seguros.

Artículo 19. 1. Las entidades llevarán su contabilidad conforme a los principios generalmente aceptados, siempre que estén acorde a los intereses del Estado cubano o según las Normas Generales y Principios establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, según sea el caso, y facilitarán la documentación e información requerida a tenor de lo dispuesto en las normas complementarias del presente Decreto-Ley.

2 El ejercicio económico de toda clase de entidades aseguradoras coincidirá con el año natural.

 

CAPITULO TERCERO
DE LAS SOCIEDADES MUTUAS

Artículo 20. A las SOCIEDADES MUTUAS que tengan por objeto operar en seguros, se les podrá otorgar la autorización a que se hace referencia en el apartado 1) del artículo 33, en atención a los fines de utilidad social, las necesidades del mercado de seguros, la confiabilidad y garantías financieras del proyecto y su concordancia con los requerimientos establecidos en este Decreto-Ley y sus normas complementarias.

Artículo 21. 1.- Las SOCIEDADES MUTUAS podrán constituirse como:

a) SOCIEDADES MUTUAS A PRIMA FIJA, cuando los riesgos son asegurados mediante una prima fija pagadera por sus socios al comienzo del período.

b) SOCIEDADES MUTUAS A PRIMA VARIABLE, cuando los riesgos son asegurados mediante el cobro de derramas a sus socios con posterioridad a los siniestros.

2 Las reglas específicas por las que han de regirse ambas modalidades de sociedades mutuas se formulan en las normas complementarias a este Decreto-Ley.

 

CAPITULO CUARTO
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS ENTIDADES

Artículo 22. 1.- La autorización concedida para el ejercicio de la actividad aseguradora o reaseguradora podrá revocarse si una entidad queda comprendida en alguna de las siguientes causas:

a) Por solicitud de la propia entidad.

b) Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos legales exigidos para la concesión de la autorización.

c) Cuando las medidas de rehabilitación y saneamiento, a corto plazo, dictadas o autorizadas por la Superintendencia de Seguros no hayan conseguido sus fines en el plazo concedido.

d) Por caducidad, cuando la entidad no haya iniciado operaciones al concluir el plazo que se le concedió para iniciarlas o cuando se compruebe su falta de actividad real en uno o varios de los ramos durante el período de dos años consecutivos. En este último caso la caducidad afectará exclusivamente a los ramos inactivos. También tendrá lugar en el caso de cesión total o parcial de la cartera de uno o más ramos.

e) Por sanción, conforme a lo establecido en la ley.

f) Por disolución de la entidad.

2 De recaer el incumplimiento en el inciso b) del apartado anterior, la Superintendencia de Seguros podrá conceder un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, vencido el cual, de subsanarse la causa de revocación, esta no procederá.

3 La revocación podrá afectar en todo o en parte, el ámbito territorial; a uno o a todos los ramos que opera la entidad o a la gestión total de ésta y traerá aparejado, además, a la inmediata prohibición de concertar nuevos contratos y el tratamiento de los vigentes, en los ramos afectados, conforme a lo establecido en el artículo 24.

Cuando la revocación alcance a la totalidad de los ramos que opera la entidad, se aplicará lo dispuesto en el inciso h) del artículo 23.

Artículo 23. 1.- Constituyen causas de disolución de las ENTIDADES DE SEGUROS y de las SOCIEDADES MUTUAS:

a) El vencimiento del término fijado en su estatuto.

b) La imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social.

c) El incurrir en pérdidas de más del cincuenta (50) por ciento del capital social o del fondo mutual pagados imposible de reponer con recursos propios o afectando las reservas patrimoniales disponibles.

d) Por no alcanzar el mínimo del fondo de garantía y no cumplir las medidas de saneamiento dictadas por la Superintendencia de Seguros, conforme al artículo 39.

e) Por haber disminuido el número de socios por debajo de la cifra mínima legalmente exigida.

f) Por fusión con o absorción por otra entidad o por haber cedido totalmente su cartera de seguros.

g) Por declaración de quiebra.

h) Por revocación firme de la autorización para ejercer la actividad, cuando afecte a todos los ramos en que opera la entidad.

i) Por cualquier otra causa aplicable establecida en las leyes vigentes o en el Estatuto de la Sociedad.

2 De concurrir alguna causa de disolución la entidad deberá informarlo a la Superintendencia de Seguros dentro del plazo de treinta (30) días.

3 De ser la causa susceptible de eliminación, la Superintendencia de Seguros podrá otorgar un plazo, no menor de treinta (30) días, ni mayor de ciento ochenta (180) días, para lograr su remoción.

4 En defecto de la actuación que proceda por parte de la entidad, al no eliminar la citada causa y no tomarse acuerdo de disolución, el Ministro de Finanzas y Precios, a propuesta de la Superintendencia de Seguros, procederá, de oficio, a la disolución de ésta.

Artículo 24. 1.- Decidida la disolución se dará inicio a los trámites de liquidación, salvo en los casos de fusión o de cualquier otro de cesión total de activo y pasivo.

2 Una vez iniciado el período de liquidación no se podrán realizar nuevos contratos de seguros, pero los ya concertados conservarán vigencia hasta su vencimiento sin opción de prórroga.

3 Durante el período de liquidación la Superintendencia de Seguros, para facilitar los trámites, podrá autorizar a los liquidadores a realizar, de oficio, la cesión de la cartera, acordar fecha de vencimiento para los contratos o, de estimarlo indispensable, intervenir la entidad a liquidar para salvaguardar los intereses de los asegurados o de otras entidades aseguradoras.

4 Estarán obligados a colaborar con los liquidadores los directores, gerentes, administradores u otros dirigentes o funcionarios de la entidad que laboren en ella al tiempo de su disolución y los que lo hayan hecho dentro del período de los cinco (5) años anteriores a ésta. El incumplimiento injustificado de esta obligación podrá ser sancionado conforme a lo dispuesto en la ley.

5 El nombramiento de los liquidadores se realizará conforme a lo establecido en el Estatuto de la Sociedad y, en su defecto, a lo que disponga la Superintendencia de Seguros.

El procedimiento para la liquidación, la responsabilidad, competencia y funciones de los liquidadores o, en su caso, de los interventores, se establece en las normas complementarias al presente Decreto-Ley.

6 Concluidas las operaciones de liquidación, la Superintendencia de Seguros declarará extinguida la entidad y se procederá a la cancelación de los asientos en los Registros correspondientes.

 

CAPITULO QUINTO
REASEGUROS

Artículo 25. Las actividades de captar o ceder reaseguros en o desde el territorio nacional y las de realizar mediación entre una entidad de seguros cedente y otra entidad de reaseguros aceptante, sólo podrán realizarse por ENTIDADES DE SEGUROS expresamente autorizadas para extender su gestión a estos fines.

Artículo 26. Las ENTIDADES DE SEGUROS que hayan sido autorizadas para el ejercicio de las actividades de reaseguros establecerán sus programas de reaseguros y los plenos de retención correspondientes y los someterán a la consideración de la Superintendencia de Seguros para su aprobación.

 

CAPITULO SEXTO
DE LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIADORES DE SEGURO

Artículo 27. La mediación de seguros se reserva, con carácter exclusivo y profesional, a las personas relacionadas y definidas en los incisos c) y d) del artículo 2. Se prohíbe a cualquier persona natural o jurídica no autorizada, el ejercicio de dicha actividad. Las ENTIDADES DE SEGUROS podrán aceptar la cobertura de riesgos sin la intervención de mediadores

Artículo 28. LAS ENTIDADES DE SEGUROS responderán por los actos de sus agentes, de conformidad con las facultades a éstos otorgadas en los poderes o concertadas en los contratos de agencia.

Artículo 29. No podrán ejercer las profesiones de AGENTE DE SEGUROS o de CORREDOR DE SEGUROS, por sí ni por mediación de otra persona y de hacerlo quedarán inhabilitados para ello, los que desempeñen cargo o empleo público o privado que dada su autoridad, jurisdicción o facultades de dirección puedan influir o limitar en la libre determinación de las personas, para la concertación de la póliza.

Artículo 30. Los CORREDORES DE SEGUROS y los AGENTES DE SEGUROS no podrán asumir, bajo forma alguna, la cobertura de riesgos de cualquier clase de seguro y será nulo todo pacto en contrario.

 

CAPITULO SEPTIMO
DE LA COMPETENCIA Y ACCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Artículo 31. El Ministerio de Finanzas y Precios es el organismo rector de la actividad aseguradora en el territorio nacional, por lo que es el encargado de ejercer el control, la regulación y la fiscalización de las entidades dedicadas a la actividad aseguradora y reaseguradora y, de los corredores, agentes y auxiliares del seguro.

Artículo 32.1. Se crea la entidad denominada Superintendencia de Seguros, adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios, que será la encargada de ejecutar las funciones de control y fiscalización otorgadas a dicho organismo, cuya estructura será aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Finanzas y Precios.

Igualmente el propio Ministro propondrá a dicho órgano la persona que ocupará el cargo de Superintendente, quien deberá reunir los requisitos siguientes:

a) Gozar de prestigio y reconocimiento público.

b) Tener capacidad legal para el ejercicio de sus funciones.

c) Poseer experiencia y conocimientos esenciales de economía, finanzas y, especialmente, en materia de seguros.

El Superintendente solo dará cuenta de sus actos al Ministro de Finanzas y Precios.

2 El ejercicio de las facultades de control otorgadas a la Superintendencia de Seguros por el presente Decreto-Ley, no lo constituye en responsable de las actividades y operaciones de las entidades sujetas a este control.

Artículo 33. 1.- Las personas naturales o jurídicas que se propongan ejercer alguna de las actividades relacionadas en el artículo 3), deberán obtener como requisito previo, a los trámites de registro e inscripción establecidos en la legislación vigente, la autorización o licencia de la Superintendencia de Seguros.

2 En el caso de las ENTIDADES DE SEGURO y de las SOCIEDADES MUTUAS, la autorización se concederá por ramos a solicitud del interesado; por lo que deberán éstas ajustar siempre su actividad a los ramos y ámbito territorial para los que hayan sido autorizadas, lo cual se hará constar en escritura pública.

3 El ejercicio en el extranjero de cualesquiera de dichas actividades por entidades cubanas o con participación de intereses cubanos, requerirá de la previa autorización de la Superintendencia de Seguros y del cumplimiento de las restantes regulaciones establecidas en la legislación vigente.

Artículo 34. La Superintendencia de Seguros, llevará un Registro Primario de las ENTIDADES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUAS constituidas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley. Igualmente se registrarán las autorizaciones o licencias concedidas para el ejercicio profesional de las actividades relacionadas en los incisos c), d) y e) del artículo 2, y las transferencias de contratos y carteras que conforme a lo dispuesto en el artículo 18, se efectúen entre entidades aseguradoras.

Artículo 35. Las personas naturales y jurídicas relacionadas en el artículo 2 quedan sujetas a la inspección de la Superintendencia de Seguros en materia técnica, legal y financiera, estado de solvencia y en general sobre las condiciones en que ejercitan su actividad incluida la publicación de los balances financieros anuales.

Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, sustentarán la condición de agentes de la autoridad pública y estarán obligados a mantener el secreto profesional, incluso una vez concluido el ejercicio de su función pública.

Artículo 36. 1.- El Ministerio de Finanzas y Precios, en coordinación con los demás organismos de la Administración Central del Estado, fomentará la contratación de seguros en las diversas ramas de la economía para los sectores estatal, cooperativo y privado; así como la contratación en ENTIDADES DE SEGUROS, de los riesgos de transportación o de cualquier otra clase que se deriven de las exportaciones e importaciones cubanas.

2 Los bienes de cualquier clase, pertenecientes a personas jurídicas cubanas, situados en el territorio nacional o en el extranjero, salvo lo que en el segundo caso disponga la ley local, solo podrán asegurarse por ENTIDADES DE SEGUROS o SOCIEDADES MUTUAS.

3 No podrán asegurarse en el extranjero los barcos, aeronaves y vehículos inscriptos o matriculados en la República de Cuba. Tampoco podrán asegurarse en el extranjero los ciudadanos cubanos residentes en la República de Cuba en cuanto a sus personas y sus responsabilidades, salvo que se encuen- tren en viaje internacional y por el período de duración de dicho viaje.

4 No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, de este artículo, la Superintendencia de Seguros podrá autorizar el aseguramiento en el extranjero de bienes, personas y responsabilidades, con carácter excepcional y para riesgos concretos.

5 Las ENTIDADES DE SEGUROS tienen, bajo condiciones competitivas a escala internacional, la primera opción para la cobertura de riesgos a personas naturales o jurídicas extranjeras y a empresas mixtas, cuyos intereses se hallen situados en el territorio de la República de Cuba.

Artículo 37. Sin perjuicio de la sanción penal que pudiera corresponderle a los responsables, se dispondrá la disolución y liquidación, de aquellas entidades que sin la debida autorización, se dediquen a cualesquiera de las actividades enumeradas en el artículo 3.

 

CAPITULO OCTAVO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 38. La Superintendencia de Seguros podrá aplicar las medidas relacionadas en el artículo 39, a las ENTIDADES DE SEGUROS y SOCIEDADES MUTUAS, que se encuentren comprendidas en alguna de las situaciones siguientes:

a) Pérdida de su capital social pagado o fondo mutual permanente por encima del veinte (20) por ciento.

b) Insuficiencia del fondo de garantía legalmente establecido a que se refiere el apartado 2) del artículo 15.

c) Déficit superior al cinco (5) por ciento en el cálculo de las provisiones Matemáticas, de Riesgos en Curso y del quince (15) por ciento en las de Obligaciones por Siniestros.

d) Déficit superior al diez (10) por ciento en el nivel de cobertura de las provisiones técnicas.

e) Problemas de liquidez que hayan ocasionado incumplimiento o demoras en los pagos.

f) Irregularidades o insuficiencias en la contabilidad o en la administración, que impidan conocer la situación patrimonial de la entidad.

g) Otras situaciones que pongan en peligro la solvencia de la entidad, los intereses de los asegurados o el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

h) La existencia de alguna de las causas de disolución enunciadas en los incisos b) y h) del artículo 23.

Artículo 39. 1.- Sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan, la Superintendencia de Seguros, podrá aplicar las siguientes medidas:

a) Exigir de la entidad que en el plazo de treinta (30) días, presente un plan de rehabilitación proponiendo las medidas financieras y de otro orden, con sus correspondientes plazos de ejecución para superar la situación que le dio origen.

b) Exigir de la entidad que en el plazo de treinta (30) días, presente un plan de saneamiento a corto plazo, en el que exprese claramente la forma, cuantía y periodicidad de los nuevos recursos que está obligado a aportar para superar la situación que dio origen a la medida impuesta.

c) Suspensión de la contratación de nuevos seguros o aceptación de reaseguros, hasta tanto se aprueben los planes de rehabilitación o saneamiento que le hayan sido exigidos a la entidad.

d) Prohibir a la entidad que, sin autorización previa de la Superintendencia de Seguros, pueda realizar operaciones y pagos que determinen contraer nuevas deudas.

e) Requerir la suspensión de todos o algunos de los dirigentes administrativos y aceptar el nombramiento de sus sustitutos.

f) Ordenar la aplicación de medidas correctoras de las tendencias desfavorables detectadas durante el desarrollo de los últimos períodos.

2 En las normas complementarias de este Decreto-Ley, se instruirá el procedimiento administrativo correspondiente para la aplicación de las medidas relacionadas en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 40. 1.- Las infracciones de lo dispuesto en este Decreto-Ley, sus normas complementarias y las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Seguros aplicables a esta materia, así como cualquier acción u omisión que tienda a anular o entorpecer la labor de fiscalización y control del citado órgano, por parte de las entidades, su personal dirigente y funcionarios y de las restantes personas naturales relacionadas en el artículo 2, sin perjuicio de la acción penal o civil que procediere, determinará la aplicación de las sanciones siguientes:

a) Llamada de atención o apercibimiento.

b) Multa de hasta el uno por ciento del capital social pagado o del fondo mutual, cuando se trate de una ENTIDAD DE SEGUROS o una SOCIEDAD MUTUA, respectivamente, y de hasta diez mil pesos para las restantes personas naturales o jurídicas.

c) Revocación de la autorización y consiguiente disolución de la ENTIDAD DE SEGUROS o SOCIEDAD MUTUA.

d) Requerir la suspensión por un plazo de hasta un año o destitución de los directores, gerentes o administradores.

e) Suspensión por un plazo de hasta un año o inhabilitación definitiva para el ejercicio de la profesión en el sector de seguros, en cualesquiera de las actividades relacionadas en el artículo 3.

2 Las sanciones de multa a las personas naturales y las de suspensión o inhabilitación son compatibles entre sí y también con las que se impongan a las personas jurídicas.

3 Al requerir la sanción a imponer se tendrá en cuenta la gravedad, incidencia y repercusión de los hechos, la reincidencia, la circunstancia de haberse subsanado la infracción por propia iniciativa y todas las demás atenuantes y agravantes que concurran.

4 De las multas que se impongan a los dirigentes y funcionarios como responsables de infracciones al presente Decreto-Ley, responderá subsidiariamente la entidad en los casos de insolvencia total o parcial de los infractores.

Artículo 41. La persona natural o jurídica que, directa o indirectamente, facilite, coloque o contrate seguros en una entidad no autorizada, será sancionada con multa de hasta diez (10) veces el total de la prima concertada, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda haber incurrido, según sea el caso.

Artículo 42. 1.-Las sanciones a que se refieren los artículos 40 y 41 no podrán ser impuestas sin la previa instrucción de expediente por la Superintendencia de Seguros, con audiencia de los interesados y mediante notificación escrita al final del proceso.

2 Será competencia de la Superintendencia de Seguros la resolución de los expedientes que tengan por objeto a la aplicación de las sanciones de: llamada de atención o apercibimiento; suspensión por un plazo de hasta un año para el ejercicio de la profesión en el sector de seguros en cualesquiera de las actividades relacionadas en el artículo 3; multas de hasta un tercio de la cuantía total establecida en el inciso b) del artículo 40 para las ENTIDADES DE SEGURO, las SOCIEDADES MUTUAS y las personas naturales o jurídicas relacionadas en el artículo 2. El Ministro de Finanzas y Precios, oído el criterio del Superintendente de Seguros, será el competente para aplicar las medidas restantes.

Artículo 43. 1.- Las personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionadas por la Superintendencia de Seguros de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, podrán apelar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, ante el Ministro de Finanzas y Precios.

2 En ningún caso la interposición de apelación dejará en suspenso la aplicación de la sanción.

3 Contra la sanción dictada por el Ministro de Finanzas y Precios cabe Recurso de Reforma ante el propio Ministro, en la forma y término que se establezca en las normas complementarias.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Las personas naturales o jurídicas que con anterioridad a la promulgación del presente Decreto-Ley, hayan contratado seguros, reaseguros u otros servicios relacionados con éstos, en entidades que no resulten autorizadas, dispondrán de noventa (90) días contados a partir de su promulgación, para someter el caso a la consideración de la Superintendencia de Seguros.

Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior, serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 41 sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo o penal exigibles.

SEGUNDA: Las personas naturales o jurídicas que a la promulgación de este Decreto-Ley se encuentren realizando cualesquiera de las actividades relacionadas en el artículo 3, dispondrán de sesenta (60) días para tramitar la solicitud de autorización correspondiente.

TERCERA: Las ENTIDADES DE SEGUROS comprendidas en el apartado anterior cuyo capital social y provisiones técnicas fueran inferiores a las fijadas en aplicación de lo establecido en el presente Decreto-Ley, deberán ampliarlo en el plazo de tres (3) años contados a partir del comienzo del ejercicio económico siguiente a la promulgación de este Decreto-Ley, a razón de un tercio anual del total de su insuficiencia.

 

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios, aplicando el índice corrector adecuado, actualizará periódicamente la cuantía del capital social pagado y del fondo mutual de las entidades aseguradoras, previsto en el artículo 10, así como la garantía de funcionamiento establecida en el artículo 9.

SEGUNDA: Las ENTIDADES DE SEGUROS quedan obligadas a aportar anualmente a la Superintendencia de Seguros en la forma y término que se establezcan en las normas complementarias, el 0.2 por ciento de las primas recaudadas por seguro directo y el 0.1 por ciento de las de reaseguro aceptado, con el objetivo de coadyuvar a los gastos de los servicios de control derivados de la aplicación de este Decreto-Ley.

TERCERA: El Ministro de Finanzas y Precios queda facultado para dictar, dentro del término de un año contado a partir de su fecha de promulgación, las normas complementarias que se requieran para el mejor cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto-Ley.

CUARTA: Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto-Ley, el que comenzará a regir a partir de los tres (3) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

Dado en el Palacio de la Revolución, en la Ciudad de La Habana, a los 2 días del mes de septiembre de 1997.

 

Fidel Castro Ruz
Presidente
Consejo de Estado

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